El sector de la logística urbana está inmerso en una espiral de cambios sin precedentes. El crecimiento continuo del comercio electrónico está generando transformaciones a todos los niveles. La redefinición de los canales de comercialización y distribución, la aparición de nuevos patrones de localización territorial de las actividades económicas y la creciente precarización de las condiciones laborales de los operadores logísticos son solo algunos de los cambios más evidentes. Como consecuencia, la distribución urbana de mercancías se ha convertido en un problema de primer orden para las administraciones públicas.
Si bien la logística entre empresas ha funcionado tradicionalmente con buenos niveles de eficiencia, su complejidad y particularidades la hacen difícil de gestionar. Sin embargo, la logística entre empresas y particulares, así como la distribución urbana de servicios, presentan retos aún mayores. Su carácter impredecible, combinado con la presencia de personal poco formado y con altos niveles de rotación, dificulta la optimización de los procesos. Como resultado, la introducción de medidas en favor de la sostenibilidad no avanza al mismo ritmo que el crecimiento del número de viajes requeridos, lo que evidencia la insostenibilidad del sistema.
Este fenómeno choca directamente con los objetivos de la Unión Europea de reducir las emisiones contaminantes en las ciudades, así como con los esfuerzos de las administraciones nacionales por minimizar las externalidades negativas del transporte, como la contaminación, la congestión y la siniestralidad. Para abordar estos desafíos, se han implementado normativas y regulaciones específicas, además de promover Planes de Movilidad Urbana Sostenible -incluso Planes de Logística Urbana Sostenible en algunos casos. De estas estrategias se derivan tanto medidas restrictivas, como limitaciones a la circulación y el estacionamiento en determinadas áreas urbanas (por ejemplo, zonas de bajas emisiones o centros urbanos pacificados), como medidas incentivadoras, entre ellas la flexibilización normativa, el uso de vehículos más eficientes o la promoción de centros de consolidación, microhubs, taquillas y puntos de conveniencia.
Nos encontramos, por tanto, con un sector que ya presenta una gran complejidad operativa y que, además, debe adaptarse a un entorno normativo incierto. En este contexto, muchos actores esperan con impaciencia la llegada de las primeras aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial a la logística urbana. Gracias a sensores, cámaras y aplicaciones móviles, hoy es posible recopilar y procesar grandes volúmenes de información de manera casi gratuita. Estos datos pueden ser utilizados para mejorar tanto la planificación estratégica y táctica de las empresas como los instrumentos de gestión impulsados por las administraciones públicas. Incluso se están desarrollando herramientas capaces de gestionar dinámicamente la operativa diaria de las empresas en función de particularidades regionales y temporales. El único problema está en saber quién genera los datos, cómo se distribuyen y quién se beneficiará de ello.
En todo caso, para garantizar la eficacia de estas medidas, es esencial que las administraciones públicas establezcan un marco legal y regulatorio sólido, con reglas claras que proporcionen seguridad jurídica a los operadores. Para ello, se requiere un conocimiento técnico avanzado en la materia. Esto implica, o bien contar con personal altamente capacitado y con años de experiencia, o bien confiar en el poder de la analítica de datos para reducir las discrepancias entre la oferta de infraestructuras y la demanda de uso. Sin embargo, ninguna medida será eficaz si no se crean espacios de diálogo y coordinación entre el sector público y el privado, asegurando que las decisiones adoptadas sean viables y generen beneficios para todas las partes involucradas. Todo ello supone un reto mayúsculo, pero su abordaje se hace imprescindible.
Artículo de opinión publicado en el nº300 de Logística Profesional (pág 57)
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