El nuevo Decreto-Ley 20/2022 de medidas anticrisis, publicado el pasado miércoles 28 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, incluye varias medidas económicas y administrativas de interés para las empresas transportistas.
Así, además de la nueva bonificación de hasta 20 céntimos por litro en los combustibles para el sector del transporte por carretera y otros sectores profesionales, el nuevo Decreto-ley prorroga otra medida económica de aplicación al sector hasta el 30 de junio, como es la actualización del índice de variación del combustible en la cláusula de revisión de las tarifas del transporte en los contratos continuados, que fue aprobada el pasado mes de julio como consecuencia de la subida de los precios de los combustibles experimentada este último año. De este modo, hasta esa fecha se seguirá aplicando un 40% del porcentaje de subida del gasóleo para los camiones de mayor tamaño ( de más de 20 toneladas de MMA), un 30% para los camiones medianos (entre 3´5 y 20 toneladas) así como para los camiones de obras y un 20% para los camiones de hasta 3.5 toneladas.
Por el contrario, el Decreto-Ley ya no recoge otra de las medidas aprobadas para el sector del transporte de mercancías por carretera el pasado mes de julio, y que en la práctica apenas había sido utilizada e incluso había originado bastante confusión según denunció en su día Fenadismer, en concreto la relativa la obligación de recoger de forma separada el coste del combustible en los contratos que realizaran los transportistas para viajes diarios u ocasionales.
Asimismo el Decreto-Ley prorroga también la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago hasta 4 meses de las cuotas de la Seguridad Social, en concreto las de los meses de enero a marzo de 2023, en el caso de empresas, y entre los meses de febrero a abril de 2023, en el caso de transportistas autónomos, a condición de que el solicitante esté al corriente de pago de la Seguridad Social y sin otro aplazamiento en vigor, debiendo solicitarse en los 10 primeros días naturales de cada plazo reglamentario de ingreso, lo que generará un interés del 0’5% de la cantidad aplazada.
Así lo refleja un estudio de InPost encargado a la consultora South Pole para analizar el potencial de emisiones de carbono evitadas.
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