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La morosidad en el transporte crece de forma alarmante hasta los 85 días de media

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Un 75% de los clientes transportistas incumplen la Ley de morosidad.
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Aunque disminuyen levemente los plazos de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera situándose en 85 días de media, en junio siguen manteniéndose por encima del período precovid, incumpliendo la Ley de morosidad un 75% de los clientes transportistas. Los medios preferentes de pago continúan siendo el confirming y la transferencia, según el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera de Fenadismer.


En cuanto a los medios de pago que utilizan las empresas cargadoras y operadores logísticos para pagar a sus transportistas, durante este mes de junio las modalidades más habituales continúan siendo el confirming (52%), seguido de la trasferencia (37%), del pagaré (11%) y el cheque (<1%).


Por lo que se refiere a los plazos de pago la situación derivada por el covid-19 en la actividad económica continúa afectado negativamente en el sector del transporte por carretera presentando datos preocupantes. Así en el mes de junio el 75% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio, manteniéndose idéntico porcentaje de incumplimiento que el mes pasado lo que supone un incremento de 13 puntos porcentuales al pasado mes de febrero, esto es, al período precovid.


"Aunque se aprecia una leve reducción en el período de pago respecto al mes anterior, continúa siendo muy elevado el grado de incumplimiento de los plazos de pago, ya que se situó en 85 días de media el pasado mes de mayo, lo que supone un incremento importante respecto al pasado mes de febrero, esto es, el período precovid, que se situaba en 78 días. De ahí la insistencia de Fenadismer junto con las restantes organizaciones que conforman la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de exigir al Gobierno la inmediata aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad, teniendo en cuenta que en la actualidad las grandes empresas adeudan tanto a los autónomos como a los pymes más de 130.000 millones de euros, que de liberarse aportarían un importante flujo de liquidez a la economía productiva tan necesario en la actual coyuntura económica que aliviaría de forma importante la falta de tesorería que sufren de cientos de miles de pequeños empresarios", explica la asociación.


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