Los transportistas canarios se movilizan para exigir al gobierno insular que escuche sus reivindicaciones

Coincidiendo con el paro sectorial del 28 de noviembre, 600 camiones se unieron en marchas lentas a la primera de las manifestaciones convocadas por las asociaciones de transportistas canarios. Los vehículos han transitado por Las Palmas de Gran Canaria y el Puerto de la Cruz.

Estas movilizaciones se han llevado a cabo, según la organización, por la desidia manifestada hasta ahora por el gobierno autonómico en relación a las reivindicaciones del sector, en especial en lo relativo al uso del tacógrafo en territorio insular, obligatorio desde 2010, en virtud de un Real Decreto aprobado a finales de 2009 por el Gobierno central.

Este criterio se ha mantenido también en el nuevo Real Decreto 729/2022 de actualización de las actividades de transporte por carretera exceptuadas de la utilización del aparato tacógrafo, aprobado en septiembre, en desarrollo del nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso incluido en el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en julio de 2020. Esto se ha producido, tal y como lamentan los transportistas, pese a que la normativa europea permite excepcionar el uso del tacógrafo a los transportes realizados que discurran íntegramente por islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados.

La principal queja de los transportistas canarios es que la exigencia del tacógrafo en los transportes realizados en territorio insular, por su superficie tan reducida, tan sólo genera dificultades burocráticas e inversiones para los autónomos y empresas transportistas insulares.

Dificultades que según el sector no se justifican por la existencia de problemas o incumplimientos de citada normativa, ya que las distancias recorridas son muy reducidas y por tanto los tiempos de conducción son muy limitados. Además, explican que no queda probado que la obligación de uso del tacógrafo en las islas prevenga accidentes o infracciones, sino que, según ellos, sólo tiene efecto recaudatorio por las sanciones que se imponen habitualmente.

Otras de las quejas planteadas por los transportistas canarios es la de la imposibilidad de poder realizar las revisiones periódicas de los vehículos frigoríficos ATP, ante la inexistencia de un túnel de frío en todo el archipiélago, de ahí la necesidad de exigir una exoneración transitoria a los transportistas canarios de estos controles para evitar que los camiones queden parados.

Asimismo, exigen la aprobación de la ley en el Parlamento regional de una prórroga de bonificación del 99% del impuesto canario especial sobre los combustibles para los transportistas en 2023, ante la previsión de que se mantendrá los precios elevados durante bastante tiempo como consecuencia del conflicto bélico que se vive en Europa.

Por último, esperan que el Gobierno autonómico convoque a las asociaciones de transportistas canarios más representativas, entre ellas Astracan-Fenadismer, para abordar estos asuntos con el compromiso de proponer medidas concretas en las próximas semanas.