La UE declara ilegal el céntimo sanitario

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ayer ilegal el llamado céntimo sanitario, creado por el Gobierno español en 2002 y que aplicaban algunas comunidades autónomas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que este impuesto incumple la legalidad comunitaria sobre impuestos especiales.

Esta sentencia supone un duro golpe al Ejecutivo de Rajoy, ya que tiene carácter retroactivo, por lo que el Gobierno estará obligado a devolver el dinero recaudado desde su puesta en marcha, unos 13.000 millones de euros. Sin embargo, los que quieran recuperar ese dinero no lo tendrán nada fácil, ya que deberán presentar facturas en las que se especifique claramente que ese gasto correspondió a combustible. Es decir, un ticket ordinario de una gasolinera en el que no se especifique que la compra corresponde a combustible no sirve, ya que la administración correspondiente alegará que en una gasolinera no solo se vende combustible, sino también otro tipo de productos.

En cualquier caso, esta sentencia no ha podido coger a nadie por sorpresa, ya que desde noviembre del pasado año se dio por hecho que el céntimo sanitario iba a ser declarado ilegal. De hecho, ya en 2008 el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia sobre la no conformidad de un impuesto similar, a pesar de lo cual 13 comunidades autónomas —todas excepto Aragón, La Rioja y el País Vasco (las Islas Canarias gozan de un régimen fiscal específico de insularidad)— siguieron cobrando la tasa, que varió entre 1,2 y 4,8 céntimos de euro, en función del territorio y del momento en el que se aplicó.

A principios de 2013, el Gobierno español, que ya preveía una sentencia condenatoria, intentó camuflar el céntimo sanitario dentro del impuesto de hidrocarburos. Pero esta treta no exime a las autoridades españolas de hacer frente a las reclamaciones que se presenten, tanto de empresas como de particulares, reclamando la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente.

La sentencia mantiene que «no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat catalana no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años».

Asimismo, el Tribunal de Justicia recuerda que «según reiterada jurisprudencia, las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia. Si ello no fuera así, las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la medida en que son éstas las que pueden entrañar las consecuencias económicas más cuantiosas para los Estados miembros».

Astic
Las reacciones de las distintas asociaciones sectoriales en España no se han hecho esperar y, evidentemente, todas muestran sus satisfacción ante la decisión del tribunal europeo. Así, Astic «demanda que el Gobierno restituya todos los ingresos cargados sobre el combustible a lo largo de estos años, como ya realizó el Gobierno francés devolviendo lo recaudado por el IVA impuesto a las autopistas entre 1996 y el año 2000». Aclara, además, que la asociación «ha activado todos los mecanismos jurídicos y administrativos a su alcance para que el Gobierno de España aborde la devolución de los importes recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011 a la mayor brevedad posible».

CETM
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha valorado «positivamente» la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recuerda que «ha facilitado a todas sus empresas de transporte afiliadas que de forma voluntaria lo han deseado, reclamar la devolución de dicho impuesto, a nuestro juicio, indebidamente cobrado».

Fenadismer
Desde Fenadismer, por su parte, estiman que las cifras totales a reclamar correspondientes solo a los últimos cinco años por cada vehículo de transporte «pueden alcanzar los 16.000 euros en el caso de un camión y de 14.000 euros en el caso de un autobús, lo que supondría una devolución total al sector del transporte por carretera en torno a 2300 millones de euros».