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El transporte catalán se planta ante la Generalitat

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Las asociaciones transportistas catalanas han expresado su «rechazo absoluto» a la política de transportes de la Generalitat. En concreto, critican la introducción de la euroviñeta, la prohibición de la circulación de camiones, el incremento a las 44 t y la no devolución del céntimo sanitario.

Ayer, martes, 10 de junio, las principales federaciones de transportistas de Cataluña (Cetcat y la coordinadora de organizaciones de Transportistas, conformada por Astac y AGTC, ambas integrantes de Fenadismer) convocaron una rueda de prensa en la que expusieron «las principales causas que motivan su rechazo absoluto a la política en materia de transporte por carretera que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña en los últimos años»; rechazo que llevó a la ruptura de las negociaciones con la Generalitat el pasado 2 de junio.


Entre los principales motivos de la discordia está la aprobación el pasado mes de enero de la ley 2/2014 de medidas fiscales, administrativas y financieras, que incluye el establecimiento de una nueva tasa por el uso de las carreteras de titularidad de la Generalitat de Cataluña. Es decir, «de la Euroviñeta para los camiones de más de 12 toneladas, cuya entrada en vigor se prevé a partir del próximo mes de septiembre, y que supondrá unos sobrecostes de 18.000 euros anuales por vehículo», según cálculos realizados por las propias asociaciones catalanas. En este sentido, Fenadismer recuerda que ya solicitó en abril a la CE que estudiase la legalidad de dicha tasa «por posible vulneración de las directivas europeas».


Las asociaciones catalanas también critican «el incumplimiento» de los acuerdos suscritos por la Consejería Autonómica de Territorio y Sostenibilidad en junio de 2012, «y que a fecha de hoy no se han llevado a cabo alegando recortes presupuestarios». Estos acuerdos incluían medidas relativas a la formación y a la implantación de sistemas de gestión de la calidad, medioambientales y tecnológicos, así como medidas económicas para compensar la recaudación del céntimo sanitario autonómico desde el año 2010 en adelante.


Otro de los puntos que más polémica ha suscitado es el de las 44 toneladas. Las asociaciones catalanas consideran que la decisión se ha tomado «de forma unilateral frente a la regulación existente en el resto del territorio nacional, y sin que se hayan puesto en práctica los mecanismos previstos en la regulación de dicha medida que permitiera a los transportistas repercutir en sus clientes el aumento del tonelaje soportado en sus camiones».


La prohibición de circulación en algunas carreteras es otro punto de fricción, ya que desde el sector critican que, con estas medidas, obligan a los transportistas a utilizar vías de peaje «sin establecer bonificaciones totales, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas». En este sentido, mencionan específicamente la prohibición de circulación a camiones en más de 90 kilómetros de la N-II, «que obligó a los más de 3000 transportistas que diariamente la utilizaban a transitar por la autopista de peaje AP-7».


Por último, las asociaciones recuerdan que el sector del transporte por carretera en Cataluña «representa el 18% del PIB regional» y que «el 90% de las mercancías que se transportan utilizan este modo de transporte, lo que supone cinco veces más que el resto de modos de transporte conjuntamente».


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