«Ya no dialogamos, reivindicamos»

A la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM) se la terminado la paciencia. En un duro comunicado, critica al Gobierno por «el incumplimiento de los compromisos» y a «algunas grandes empresas» por los impagos. «Ya no dialogamos, reivindicamos», dicen desde la plataforma.

En una reunión mantenida ayer, la PMcM reunió en una asamblea abierta a más de cien asociaciones empresariales, según sus propias fuentes, con las que decidió «emprender de inmediato diversas acciones ante la inoperancia del Gobierno en materia de impagos a proveedores por parte del sector privado con el objetivo de que cumpla los compromisos adquiridos». «Así se ha decidido tras finalizar el tiempo de diálogo, propuestas y reuniones», subrayan.

Aviso a los morosos del IBEX
Durante el encuentro, se decidió elaborar un «documento formal» para informar de «manera personalizada» a cada empresa morosa del IBEX sobre sus pagos a proveedores que superan los plazos legales. Estos informes se trasladarán también al Gobierno y «si éste no acomete medidas reales inminentes que frenen los plazos abusivos de las grandes compañías, los documentos se remitirán a la Unión Europea para su conocimiento —avisan desde la plataforma—, institución a la que la PMcM ya trasladó hace unos meses la inoperancia del Gobierno en el ámbito privado».

Asimismo, se solicitará a los partidos políticos en una reunión en el Congreso de los Diputados, que tendrá lugar el 14 de octubre, que incluyan en sus programas electorales medidas concretas de lucha contra la morosidad. «Al Gobierno le exigiremos acciones y que nos explique por qué no ha cumplido los compromisos adquiridos, y al resto de grupos políticos les pediremos una ratificación de sus compromisos ante las elecciones generales. Se trata de un acto reivindicativo, no de exposición de propuestas o peticiones. Ya no dialogamos, reivindicamos», explica el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Desde la PMcM se quiere también dar salida a sus «demandas históricas», como «la creación de un régimen sancionador que penalice a las empresas morosas», «la agilización de la recuperación del IVA no cobrado» y «la puesta en marcha de un sistema que detecte automáticamente a las empresas morosas».

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, «el éxito de la convocatoria pone de manifiesto la necesidad imperiosa de acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y que desde el inicio de la crisis se ha cobrado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido; solo con nuestra unión podremos cambiar esta injusticia y demostrar que los empresarios no estamos dispuestos a que los intereses de unos pocos perjudiquen a los de todos». En este sentido, Cañete considera que «de llevarse a cabo estas medidas, sin duda se reduciría la morosidad».

Cambios en la legislación
Durante la asamblea también se informó a los asistentes de los avances producidos desde la firma en febrero del manifiesto de Tolerancia cero frente a la morosidad (propuesto por la PMcM). En este sentido, el pasado viernes, 11 de septiembre, el Gobierno abrió la «posibilidad» de penalizar a las grandes empresas en el acceso a los contratos públicos si éstas no tienen al día sus pagos a proveedores, «un paso positivo que va en la buena dirección», señala Cañete.

En cualquier caso, desde la PMcM señalan que esta medida, para ser efectiva, tiene que modificarse para que sea «imperativa en vez de potestativa», ya ue «deja una puerta abierta a que sea la propia Administración Pública la que seleccione a una empresa u a otra en función de si quiere o no aplicar la nueva normativa, por lo que su aplicación puede ser más bien testimonial», aclaran.

Así, la PMcM aclara que «estará atenta» por si, a pesar de la modificación de la Ley de Contratación Pública, «las Administraciones Públicas continúan contratando a determinadas grandes compañías que «no pagan a sus proveedores; así veremos la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta lacra», concluyen.

Si la Administración Pública empieza a implantar esta medida con celeridad, el presidente de la PMcM vaticina que «podríamos estar frente a un grave problema para acceder a la contratación pública, ya que gran parte de las grandes compañías son morosas».

El sector público mejora sus pagos
Según los últimos datos recabados por la PMcM, durante el primer semestre del año el 74% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010.

En 2014, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior: pasó de 85 días en 2013 a 89 el pasado año (frente a los 60 legales), según el informe anual de la PMcM. Mientras, en el sector público los plazos de pago se redujeron un 26%, de 111 días en 2013 a 82 en 2014, cifra que aun así casi triplicó el máximo legal (30 días).

«Este avance en el sector público se ha debido especialmente a que se han ido poniendo en marcha medidas sancionadoras, otras de inyección de liquidez (como fueron los planes de pago del Gobierno), y también algunas de control, como la factura electrónica. Es evidente que acometiendo las acciones pertinentes se puede acabar con esta lacra, y en esta línea seguiremos trabajando», concluye el presidente de la PMcM.