La Inspección de Transporte recaudó 90 millones de euros en 2018
El Plan Nacional de Inspección de Transporte estatal y autonómico de 2018 recaudó 90 millones de euros en 2018, un 2% más respecto a 2017. Si a las infracciones muy graves impuestas se les hubiera aplicado el requisito de pérdida de la honorabilidad previsto en el nuevo ROTT supondría el cierre inmediato de miles de empresas, a juicio de Fenadismer.
El pasado 13 de mayo se presentaron en el Ministerio de Fomento los resultados del Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera correspondiente a 2018 llevado a cabo tanto por los servicios centrales del Ministerio de Fomento como por las Comunidades Autónomas. De los resultados del Plan de inspección, Fenadismer destaca como datos más interesantes en 2018 las 149.512 infracciones detectadas frente a las 148.139 en 2017, y un importe de las sanciones resueltas de 89.603.144 euros (87.842.336 euros en 2017). Respecto a la carencia de tarjetas de transporte, hubo 7.696 infracciones frente a 8.566 del año anterior.
El control de las jornadas de los conductores profesionales fue de 4.721.660 (de los cuales 2.982.119 en carretera y 1.739.441 en controles a empresas), lo que supone un cumplimiento de lo exigido por la Directiva europea 22/2006 sobre control por los Estados miembros de las jornadas de los conductores. En cuanto a lo controles realizados por la Guardia Civil en carretera, ascendieron a 208.248 vehículos (frente a 203.072 en 2017), lo que supone un 2’55% más de controles en carretera por parte de la Guardia Civil. Además de los vehículos controlados, ha aumentado el número de vehículos denunciados, en concreto, 126.661, frente a 118.861 en 2017 (lo que supone un 0’85% superior al año anterior).
En relación a la aplicación de la nueva regulación sobre pérdida de la honorabilidad establecida en el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) que se aprobó el pasado mes de Febrero, Fenadismer manifiesta su enorme preocupación porque de los resultados sobre infracciones impuestas en 2018 habría supuesto el cierre automático de miles de empresas de haber estado en vigor dicha regulación el pasado año.
Asimismo, Fenadismer manifiesta su queja en relación a la notificación electrónica de expedientes sancionadores, porque aún continúa la dispersión de sedes electrónicas de notificación por parte de las Comunidades Autónomas, sin que se haya hecho efectiva la obligación legal de unificación. A su vez, la organización denuncia que “el Punto de Acceso General (PAG) dependiente del Gobierno estatal, presenta problemas constantes de acceso por bloqueo de la página web de la Carpeta Ciudadana, por lo que solicita que se habilite de nuevo el acceso también a través del otro punto de acceso electrónico DEH”.
Además, Fenadismer solicita la celebración de una nueva reunión conjunta de los Servicios de Inspección de los Ministerio de Fomento, de las Comunidades Autónomas, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo para desarrollar una actuación prioritaria de control de las principales bolsas de fraude existentes en el sector.
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