El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido el recurso contencioso administrativo presentado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra la ordenanza fiscal 3.20 del Ayuntamiento de Barcelona, que establece una tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico.
La entidad denuncia que este impuesto discrimina entre competidores, obstaculizando una competencia efectiva. La ordenanza fiscal restringiría las libertades de establecimiento y prestación de servicios recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea.
La ACCO hace uso de su facultad para impugnar los actos de las administraciones públicas y las disposiciones generales con rango inferior a ley, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados.
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Este dato es muy superior al conjunto de la economía española, en la que el crecimiento ha sido del 2,7%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante estas cifras, Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, señala que dicho repunte se debe a factores estacionales asociados a picos de consumo como la Semana Santa, la campaña de rebajas y la temporada estival.
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