El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido el recurso contencioso administrativo presentado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra la ordenanza fiscal 3.20 del Ayuntamiento de Barcelona, que establece una tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico.
La entidad denuncia que este impuesto discrimina entre competidores, obstaculizando una competencia efectiva. La ordenanza fiscal restringiría las libertades de establecimiento y prestación de servicios recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea.
La ACCO hace uso de su facultad para impugnar los actos de las administraciones públicas y las disposiciones generales con rango inferior a ley, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados.
Esto facilita la operación de flotas mixtas de AMR y reduce los costes de inversión en diferentes infraestructuras de carga. “Con la carga inductiva, estamos creando un suministro de energía con garantía de futuro para nuestros AMR. Nuestros clientes se benefician de una mayor eficiencia, mayor flexibilidad y una tecnología que se ha consolidado como un estándar en la industria”, concluye Wang.
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