El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido el recurso contencioso administrativo presentado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra la ordenanza fiscal 3.20 del Ayuntamiento de Barcelona, que establece una tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico.
La entidad denuncia que este impuesto discrimina entre competidores, obstaculizando una competencia efectiva. La ordenanza fiscal restringiría las libertades de establecimiento y prestación de servicios recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea.
La ACCO hace uso de su facultad para impugnar los actos de las administraciones públicas y las disposiciones generales con rango inferior a ley, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados.
Por otra parte, el uso de la inteligencia artificial contribuye a mejorar la seguridad en el transporte y establecer predicciones más precisas. Todo esto es posible mediante unos dispositivos específicos, diseñados a medida, que recogen los datos y que son capaces de soportar las condiciones del entorno de trabajo.
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