El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido el recurso contencioso administrativo presentado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra la ordenanza fiscal 3.20 del Ayuntamiento de Barcelona, que establece una tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico.
La entidad denuncia que este impuesto discrimina entre competidores, obstaculizando una competencia efectiva. La ordenanza fiscal restringiría las libertades de establecimiento y prestación de servicios recogidas en el Tratado de Funcionamiento en la Unión Europea.
La ACCO hace uso de su facultad para impugnar los actos de las administraciones públicas y las disposiciones generales con rango inferior a ley, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados.
Entre las principales causas que motivan el auge se encuentran la necesaria transformación hacia la sostenibilidad del packaging, la automatización y digitalización de la industria, la recuperación económica pospandémica de los diferentes sectores productivos, y el imparable crecimiento del comercio electrónico que lleva asociado nuevas necesidades de packaging y logística.
Aprovechando los datos de su propia flota, los clientes pueden evaluar si están preparados para la electrificación, calcular el coste total de propiedad (TCO) de la electrificación, el coste operativo y el ahorro de CO2.
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