IMP: El sector del transporte rechaza el nuevo impuesto de hidrocarburos propuesto por el Ministerio de Hacienda

AMDPress.- Los transportistas españoles han mostrado su total rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda de gravar los combustibles entre 5 y 6 pesetas por litro. La medida supondría la puesta en marcha de un nuevo impuesto, gestionado por las Comunidades Autónomas, para poder costear el déficit de la sanidad.

Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) ha manifestado su total oposición a la propuesta, "consideramos que no tiene sentido gravar los impuestos de los hidrocarburos para equilibrar las "desviaciones" presupuestarias de sanidad, entre otros motivos, porque no necesita más subvenciones. Las empresas, vía cuota de la seguridad social, ya están sufragando todo tipo de impuestos.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha asegurado, asimismo, su total rechazo al establecimiento de un nuevo impuesto, "puesto que el sector del transporte por carretera contribuyó a las arcas del Estado en el año 2000 en concepto de impuestos de hidrocarburos con más de 800.000 millones de pesetas (4.808,09 millones de euros)".

Por su parte, la Federación Andaluza de Cooperativas de Transporte por Carretera (EMCOFEANTRAN), organización que representa a un colectivo que genera 12.000 puestos de trabajo, ha manifestado también su rechazo a la propuesta gubernamental, al entender que los carburantes ya tienen suficientes gravámenes. Para la Federación es improcedente otro impuesto que agrave la situación del sector del transporte, "el sector ya paga suficientes impuestos, además de sufrir una discriminación histórica frente a otros colectivos, ferroviario y marítimo, entre otros, que están exentos del impuesto de hidrocarburos", afirmó.

La posibilidad de aplicar el nuevo impuesto ha quedado en suspenso tras la oposición de diferentes gobiernos regionales. Aunque el Ministerio de Hacienda contaba con el apoyo de los nacionalistas catalanes, el conjunto de las CC.AA. han comunicado a la Administración su intención de rechazar la decisión de implantar el nuevo impuesto y proceder a una análisis pormenorizado de las consecuencias de su implantación.