La Comisión Europea llevará a España a los tribunales por no cumplir la sentencia de 11 de diciembre de 2014 que declaraba ilegal la obligación de las empresas estibadorasa inscribirse en una sociedad central, a integrarse como partícipes en su capital y a contratar «prioritariamente» personal puesto a disposición por dicha sociedad.
Fuentes comunitarias informan de que España no ha abordado «convenientemente» los problemas identificados en la sentencia del Tribunal de Justicia; por consiguiente, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de dicha sentencia.
La Comisión invita a España a efectuar «lo antes posible las reformas necesarias para cumplir esta sentencia y cumplir, así, con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU); de lo contrario, el Tribunal de Justicia podría decidir imponer sanciones financieras».
En diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que la legislación española, en materia de trabajadores portuarios, era contraria a la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del TFEU.
Dicha legislación obliga a los demás Estados miembros que deseen ejercer la actividad estibadora en puertos españoles de interés general a inscribirse en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y a integrarse como partícipes en el capital de la misma. Además, las empresas estibadoras están obligadas a contratar prioritariamente personal puesto a disposición por esta sociedad.
Las autoridades españolas tenían de plazo hasta febrero de 2015 para informar a la Comisión acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal. Hasta el día de hoy no se han adoptado medidas conformes con dicha sentencia ni se han comunicado a la Comisión Europea plazos precisos para ponerlas en práctica.
La eliminación de las etiqueta busca ofrecer aún más flexibilidad a los usuarios. Además, al digitalizar por completo el proceso, se reduce de manera considerable el uso de papel, en línea con la estrategia de descarbonización y mayor sostenibilidad puesta en marcha por InPost para convertirse en una empresa Net-Zero en 2040.
Inditex ya ha puesto en funcionamiento, a modo de pruebas, su nuevo centro de distribución Zaragoza II. Esta instalación contará al comienzo con 250 trabajadores directos y a mediados de agosto empezará a realizar las primeras operaciones con producto destinado a tiendas. Así lo ha señalado Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, durante la Junta General de Accionistas de la compañía en la que ha presentado los resultados del ejercicio 2024 y el arranque del actual, señalando que el buen desempeño del grupo es resultado de la ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online en el que colaboran todos los profesionales que forman la compañía. El consejero ha recordado además la inversión ordinaria prevista para este año, estimada en 1.800 millones de euros, y la continuidad del plan extraordinario de inversión logística iniciado en el ejercicio anterior, con 900 millones de euros adicionales en 2025.
Esta operación marca el inicio de una estrategia de inversión en España, con un objetivo de 200 millones de euros, que Delin va a desarrollar en nombre de un single family office con sede en Londres para el que tiene el encargo de conformar una cartera de activos logísticos en rentabilidad y con potencial de revalorización.
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