IMP: Las renovables denuncian que la reforma energética es «un proceso de expropiación encubierta»

Las principales asociaciones que engloban a los productores de energía renovable en España (Anpier, Appa, Protermosolar y Unef) continúan con su frente común ante la política energética del Gobierno y han hecho público un comunicado conjunto en el que denuncian que la reforma eléctrica aprobada en el último Consejo de Ministros vía Real Decreto-Ley, que fue convalidado el pasado 17 de julio en el Congreso, no es otra cosa que «un proceso de expropiación encubierta».

En opinión de dichas asociaciones, las medidas contempladas en la polémica reforma «son gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país» y «llevarán a la quiebra a numerosos inversores», que no podrán hacer frente a sus obligaciones y se verán en la obligación de «entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras».

Anpier, Appa, Protermosolar y Unef critican, además, que durante los meses en los que el Ministerio de Industria ha cocinado la reforma se ha mantenido «un nivel de incertidumbre nefasto para cualquier sector económico», al que hay que sumar una «total ausencia de diálogo» por parte del departamento que dirige José Manuel Soria, quien ha «ninguneado a las asociaciones sectoriales».

Con la reforma energética aprobada hace más de una semana a través del RD-L 9/13, «las renovables verán radicalmente sustituido su actual esquema de retribución por otro que pretende garantizar una rentabilidad razonable en función de parámetros desconocidos y que, según los cálculos del propio Gobierno, supondrá una merma de ingresos superior a los 1300 millones de euros».

Según explican las asociaciones, un ajuste de tal calibre, que cifran en «un 15% de los ingresos del régimen especial», sumado a los recortes que ya ha sufrido el sector renovable, «que en algunos casos han alcanzado hasta el 40% de los ingresos», tendrá como consecuencia «la quiebra» de «numerosas instalaciones» que «no podrán devolver los créditos que las financiaron». Los propietarios de estos complejos (la mayor parte de tipo familiar), además de entregarlos a las entidades financieras, perderán «las garantías que las respaldaban».

Las organizaciones empresariales critican asimismo que para el cálculo de esa supuesta «rentabilidad razonable» del 7,5%, el Gobierno ha diseñado una fórmula «ligada a las Obligaciones del Estado y a unos estándares de inversión y explotación todavía desconocidos». Por eso, califican los planes del Ejecutivo como «un ejercicio de abstracción mental, puesto que esa rentabilidad se ha calculado antes de impuestos y solo la podría obtener, de acuerdo con el RD-L 9/13, una “empresa eficiente y bien gestionada”».

Y es que, después de aplicar los impuestos correspondientes, la rentabilidad real de las instalaciones renovables se quedaría en el orden del 5%, un porcentaje que se sitúa «muy por debajo de lo que ofrecen productos financieros más seguros». Las asociaciones alertan de que esa retribución «incluso puede ser menor, dependiendo de los estándares de inversión y explotación que fije el Gobierno, muy difíciles de adecuar a la realidad por la gran variedad de tipos de instalaciones».

Por ello, Anpier, Appa, Protermosolar y Unef sostienen que «el nuevo esquema retributivo es altamente discrecional» y que, toda vez que desliga la retribución de la producción eléctrica —el pool es un ingreso menor en muchos casos—, «desincentiva la eficiencia y anula la importancia de las labores de operación y mantenimiento».

En suma, la supuesta reforma eléctrica del Gobierno, al no afectar al deficiente mercado eléctrico, no es más que otra suma de recortes en el que las renovables se llevan la peor parte. Sin duda alguna, incrementará la pérdida de empleo y será ampliamente contestada en los tribunales.