La regulación catalana sobre las 44 toneladas es ilegal
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña publicó el día 19 de diciembre su fallo contrario a la aprobación en dicha Comunidad Autónoma de la regulación de las 44 toneladas para camiones, “anulando y dejando sin efecto jurídico” la citada regulación, al entender que la Administración autonómica “se excedió en cualquier caso de sus competencias”, condenando además en costas a las partes demandadas, esto es, la Generalitat de Cataluña y las asociaciones de empresas cargadoras Aecoc y Transprime, las cuales se habían personado en el procedimiento judicial en defensa de la implantación de las 44 toneladas”, según asegura Fenadismer.
Las asociaciones nacionales de transportistas recurrieron la norma en 2013 al considerar que vulneraba la normativa tanto nacional como europea. En el procedimiento judicial se personaron, junto a la Generalitat de Cataluña, las asociaciones de empresas cargadoras en su “cruzada” por la implantación del aumento del tonelaje de los camiones a 44 toneladas.
“Si bien la sentencia del TSJ de Cataluña no tiene efectos prácticos, por la decisión del Gobierno catalán de dejar sin efecto la medida regulatoria desde octubre de 2014, supone un importante respaldo a las asociaciones de transportistas en la negociación que han venido manteniendo estos dos últimos años con las asociaciones de empresas cargadoras, que quedaron rotas a principios de este mes de diciembre por la exigencia de éstas últimas de introducir el aumento del tonelaje como condición para alcanzar un acuerdo sobre el establecimiento de medidas tendentes a la mejora de la actividad en el sector del transporte y la logística en España”, dicen desde Fenasdimer.
El recurso contra la medida regulatoria que permitía la circulación de camiones con 44 toneladas en Cataluña fue aprobado a finales de 2012 por el Servicio Catalán de Tráfico, dependiente de la Generalitat de Cataluña, lo que motivó su inmediata impugnación por Fenadismer y las restantes organizaciones de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por carretera, al considerar que la Generalitat de Cataluña no ostentaba competencias y que asimismo vulneraba la normativa europea sobre pesos y dimensiones, originando además como “efecto perverso” una competencia desleal en el sector del transporte por carretera, al pretender privilegiar a los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias catalanes para atraer más mercancías a dichos nudos logísticos.
Han acordado constituir un grupo de trabajo para consensuar un protocolo de actuación que recoja un conjunto de medidas a adoptar por ambas partes con el objetivo de evitar o reducir los robos de mercancía.
Tiene una capacidad de carga de 24 toneladas, una autonomía de 250 kilómetros y se recarga con fuentes 100% renovables. El vehículo lleva a cabo dos viajes al día los días laborales y reducirá en casi 58 toneladas las emisiones de CO2e al año.
Ambos sellos, reconocidos internacionalmente y auditados por SGS, avalan la solidez de los sistemas de gestión integrados de la compañía y su capacidad para adaptarse a los desafíos energéticos y ambientales actuales del sector logístico.
JLL ha asesorado a la compañía para obtener la financiación de este proyecto logístico de grado A, situado junto a la autopista AP-7, que contará con 118.091 m2 de espacio para almacenes y 5.203 m2 para oficinas distribuidos en once unidades.
Utilizará su software de control de almacén, que se integrará con el sistema SAP existente para permitir una gestión en tiempo real del inventario, los pedidos y los procesos de distribución.
La nueva herramienta tiene más de un 85% de tasa de éxito y permite registrar contactos de forma automática, identificar tendencias en tiempo real y reducir significativamente los errores humanos.
Invertirá 4 millones de euros en la transformación de esta instalación mediante la digitalización de los procesos actuales y la automatización de tareas como el almacenamiento o la preparación de pedidos.
Fenadismer denuncia que la presidencia danesa de la Unión Europea no ha incluido como una actuación prioritaria la aprobación de la regulación europea en materia de morosidad común.
Estas mejoras también ayudan a la reducción de los tiempos de entrega, un uso eficiente de los recursos disponibles y una mayor capacidad para anticiparse a posibles desafíos en la cadena de suministro. Sin embargo, el grado de digitalización del sector sigue siendo desigual.
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