Aprobado el Decreto-Ley de las medidas acordadas entre el MITMA y el Comité Nacional en diciembre
El Consejo de Ministros, celebrado el 1 de marzo de 2022, aprobó el Real Decreto Ley, comprometido por MITMA el pasado mes de diciembre, para evitar la celebración de un paro patronal nacional convocado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC. Lo aprobado en el Consejo de Ministros deberá ser respaldado por los grupos políticos en el Congreso de Diputados, antes de elevarlo a una Ley de grado cumplimiento.
El Real Decreto incluye un conjunto de medidas muy amplio que afecta a diferentes ámbitos del transporte, destacan cuatro de ellas por las implicaciones que conllevan en las relaciones contractuales que se establezcan con las cargadoras.
En primer lugar, incluye la prohibición por Ley, de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de las mercancías tanto en el origen como en el destino del servicio del transporte, excepto en el caso del transporte de mudanzas, vehículos cisternas, portavehículos, vehículos grúas, paquetería y repartos de carga fraccionada a los puntos de venta. En estos casos el transportista recibirá una remuneración diferenciada a la del porte, que deberá venir además desglosada en la factura.
La medida entrará en vigor dentro de seis meses para permitir que los titulares de los centros de carga y descarga, puedan contratar y formar a carretilleros y mozos de almacén. El incumplimiento de dicha prohibición será sancionado como infracción muy grave con multas de hasta 4600 euros.
En segundo lugar, el nuevo Real Decreto, obligará a actualizar las tarifas de transporte según varíe el precio del gasóleo. De hecho, establece la obligatoriedad, sin posibilidad de pacto en contrario, de actualizar las tarifas de transporte que los transportistas perciben de sus clientes según las variaciones que sufra el precio del gasóleo.
El tercer punto importante de la nueva regulación implicará realizar un control más riguroso a las empresas de transporte que trabajen en España, tras trasponer a la legislación laboral española la Directiva europea de conductores desplazados. El objetivo final de esta medida es lograr un control efectivo a la competencia desleal de las empresas extranjeras de transporte que trabajan en España (empresas buzón).
Por último, el cuarto aspecto corresponde a los tiempos de espera en los centros de carga y descarga, que queda reducido a una hora como máximo. Transcurrido ese período, el transportista tendrá derecho a exigir a su cliente una indemnización por paralización.
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