Asociaciones de transporte denuncian a las principales petroleras por haber establecido sobreprecios en los carburantes

Lo habían anunciado, comunicado, pero casi nadie se lo creyó. Finalmente, han cumplido su amenaza y el pasado mes de diciembre se presentó la “macrodemanda” que Fenadismer, y varias asociaciones de transporte territoriales, han promovido contra las principales compañías petrolíferas que operan en España por su actuación continuada y mantenida durante más de una década, elevando artificialmente precios finales de los carburantes.

La reclamación “multimillonaria” tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años, dando lugar a una primera Resolución sancionadora en Julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

En sus resoluciones, la CNMC ha venido constatado que las citadas operadoras continúan incurriendo todos estos años en prácticas y pactos anticompetitivos mediante los cuales fijan un precio de ventadel combustible “en detrimento de las estaciones de servicios independientes y, por lo tanto, también en contra de los intereses de los transportistas y de los ciudadanos en general, al restringir la competencia entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no abanderadas”, asegura Fenadismer.

Una prueba palpable de estas prácticas abusivas, asegura la Federación, se produjo durante los primeros meses de la pandemia en los que pese a la espectacular bajada del precio del petróleo a nivel internacional en más de un 60% apenas tuvo traslado en los precios de los carburantes que apenas cayeron un 10%.

Por lo que se refiere a los datos concretos de la “macrodemanda”, llama la atención que ha interpuesta por parte de 3.500 empresas transportistas y autónomos ante los juzgados de lo mercantil de Madrid y Castellón, reclamando un importe conjunto superior a los 100 millones de euros en concepto de daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.

Asimismo, Fenadismer confirma que en los próximos meses “se interpondrá una nueva demanda de aquellos transportistas que aún no se hayan incorporado a dicha reclamación, lo que podrán hacer en cualesquiera de las asociaciones territoriales que integran la Plataforma de Afectados por las Petroleras”.