La venta ilegal de vehículos ha aumentado un 20 % desde 2007 debido a la crisis económica, según estimaciones de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam). Alrededor de un 10 % de las operaciones entre particulares son ventas ilegales, lo que supone unos 95.000 vehículos al año y unas pérdidas anuales para el sector de 300 millones de euros.
Para atajar estas ventas ilegales, desde Ganvam reclaman la creación de una «una norma de ámbito estatal», como las que ya existen a nivel municipal en algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, que prohíba «expresamente la venta de vehículos en la vía pública, con apertura de expediente sancionador y multa en caso de incumplimiento». En este sentido, la asociación se ha dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que estas prohibiciones se extiendan a todos los municipios de España.
Desde Ganvam recuerdan que estas prácticas suponen «un fraude a la Hacienda Pública al evadir el pago de los impuestos relacionados con el IVA o el Impuesto de Sociedades» y «un gran perjuicio» para los consumidores, «ya que no ofrecen por escrito la garantía de dos años —o uno si así se pacta— que por ley están obligados a entregar».
El plan incluye una estrategia de aceleración de la digitalización y la innovación de la actividad de carga aérea, a través del desarrollo de nuevas funcionalidades para el Cargo Community System y de un sistema de medición de indicadores de calidad de los servicios prestados en los centros de carga.
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