La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentosproducidos de forma controlada para personas que se encuentran bajo un tratamiento determinado, a través de la operativa conocida como «comercio inverso».
La operación, denominada Noisa, se ha desarrollado de manera conjunta con la Agencia Tributaria, que ha participado en los registros efectuados y se encargará de la cuantificación del presunto fraude fiscal cometido. En total, se ha detenido a 49 personas, de las que 12 trabajaban en farmacias.
Los responsables, que utilizaban un entramado empresarial declarado en parte como almacén mayorista de medicamentos, adquirían los fármacos directamente en «un número considerable de farmacias distribuidas en diversos puntos de España», según fuentes de la Guardia Civil, con lo que eludían así el canal regular de fabricación y distribución de medicamentos. Este sistema constituye una práctica prohibida, ya que las farmacias únicamente pueden dispensar a particulares, nunca a empresas o distribuidores. Posteriormente, la mayoría de los medicamentos eran ofertados fuera de España.
Los medicamentos adquiridos en nuestro país se hacían a precio de mercado tasado y regulado (más una comisión entregada a la farmacia, que de este modo también se lucraba), y se vendían en el extranjero (fundamentalmente en Dinamarca, el Reino Unido, Suiza y Holanda) a precio de mercado libre, muy superior, con lo que se obtenían «cuantiosos beneficios», tal y como informan fuentes oficiales.
En los registros efectuados, los agentes han incautado un gran cantidad de medicamentos (entre ellos, más de 1200 envases de psicotrópicos), un revólver, 60.000 euros, 4000 dólares, numerosa documentación, equipos informáticos y seis vehículos de alta gama. Asimismo, se han intervenido numerosas cuentas corrientes y otros productos financieros.
La investigación se inició tras interponer una asociación infantil de lucha contra el cáncer una denuncia en la que se ponía en conocimiento de la Guardia Civil el desabastecimiento en el mercado de ciertos medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas. A partir de dicha denuncia, la Guardia Civil realizó una investigación que permitió identificar a una organización «perfectamente estructurada» que operaba en todo el país, especialmente en Barcelona, La Coruña, Lugo, Valencia y Madrid.
Así, se comprobó que la oficinas de farmacia, a través de sus proveedores habituales, obtenían los medicamentos requeridos por la trama, y una vez completado el pedido, contactaban con los investigados para su recogida por personas contratadas para ello («agentes») que se desplazaban hasta la farmacia, o bien mediante empresas de paquetería. En este sentido, desde la Guardia Civil subrayan que los transportes se realizaban en condiciones «que no garantizan una conservación adecuada de los medicamentos».
La organización creó un entramado de más de 40 empresas pantalla, que le servían de tapadera para justificar los envíos y cuadrar las actividades económicas.
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