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La CE estudia la legalidad del salario mínimo alemán

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El pasado 21 de enero, la Comisión Europea abrió un procedimiento contra Alemania para estudiar el impacto que tendría la aplicación del salario mínimoobligatorio de 8,5 euros/hora que aprobó recientemente el Parlamento germano y que afecta a todas las empresas —incluidas las extranjeras— que operen allí.


Está previsto que la comisaria de Transporte, la eslovena Violeta Bulc, se reúna en breve con las autoridades alemanas para tratar este tema. En este sentido, el Ministerio de Fomento, según informa Fenadismer, ha pedido a las asociaciones sectoriales que le remitan toda la información posible sobre las pérdidas económicas que dicha medida podría suponer a las empresas transportistas que circulen por Alemania.


Una norma polémica
La polémica comenzó el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la ley aprobada por el Parlamento alemán por la que se regulaba, por primera vez en la historia del país, el salario mínimo interprofesional, que quedó fijado en 8,50 euros/hora. La medida, tal y como recuerda Fenadismer, afecta a todos los sectores de actividad, también los servicios de transporte por carretera que discurran por Alemania, «ya sean prestados por empresas transportistas alemanas o extranjeras».


Asimismo, dicha norma obliga a las empresas a documentar en alemán toda la planificaicón de la actividad laboral de sus conductores y notificarla a las autoridades del país antes de realizar cualquier servicio de transporte; documentación que, además, las firmas están obligadas a guardar durante al menos dos años «para su inspección y verificación».


Ante esta situación, la eurodiputada Izaskun Bilbao Barandica denunció las «onerosas cargas y requisitos buroráticos» que exige Alemania a las empresas que quieran trabajar en el país. Bilbao Barandica, del PNV y adscrita al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, solicitó a la Comisión Europea que estudiase «la compatibilidad de esta norma con los principios de competencia y libertad de movimiento de bienes y servicios» del espacio comunitario, e insta a que se retrase su entrada en vigor.


En cualquier caso, la eurodiputada también comparte la necesidad de limitar mediante este tipo de medidas el dumping social, e insta a que se promueva una norma europea que persiga estas prácticas, ya que, a su juicio, «el intento no tendrá éxito si se articula mediante iniciativas unilaterales como las adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Francia y, ahora, por Alemania».


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