Régimen sancionador contra la morosidad

“España necesita seguir ya el ejemplo de Reino Unido y en cuanto se forme Gobierno, es necesario agilizar el trámite en el Congreso de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad”, según Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM).

Para la organización, se trata de un hito histórico que Reino Unido tome este tipo de medidas en el que la gran mayoría de las empresas pagan sus facturas a tiempo y donde en los cinco últimos años se ha reducido a la mitad la cantidad adeudada en pagos atrasados. “Conscientes del gran impacto que los retrasos en los pagos pueden tener en la capacidad de una pequeña empresa para planificarse, invertir y crecer, en Reino Unido han sabido comprender que poner fin a la cultura de la morosidad impulsa la productividad de las pymes, elimina barreras al crecimiento y mejora el flujo de efectivo”, añade Cañete.

Análisis de Informa D&B

Según el 6º Análisis de Comportamiento de Pagos Empresarial 2019 de Informa D&B, a pesar de que el 49% de las empresas españolas asegura conocer la directiva europea sobre morosidad, solo el 14% aplica a sus clientes intereses de demora por retrasos en los pagos. Asimismo, casi el 70 % de los encuestados consideran que la legislación no ha mejorado los plazos, y un 46 % que un régimen sancionador mejoraría la situación.

El presidente de la PMcM afirma que este estudio de Informa D&B corrobora “en cierta manera lo que viene denunciando la PMcM sobre que en España se acepta y se asimila con cierta normalidad la cultura de la morosidad”.

Respecto al retraso intencionado en los pagos, este ocupa la tercera posición. Concretamente, el 38% considera que se deben principalmente a problemas financieros, un 29% lo achaca a temas administrativos, mientras que los retrasos intencionales alcanzan el 23%.
El régimen sancionador es, de lejos, la medida que los encuestados consideran fundamental para mejorar la morosidad, el 46 %.

Cañete ha destacado que la nueva ley traerá consigo un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, “un punto de inflexión que seguro reducirá la lacra de la morosidad en nuestro país; no olvidemos que España es el país de la UE con los plazos de pago más largos, según el último informe de la Comisión Europea”.

Respecto al contenido de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, el máximo mandatario ha recordado que es “de vital importancia” que se mantenga la norma imperativa que establece el artículo 4.3 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, que prohíbe pactar una ampliación del plazo de pago en las operaciones comerciales por encima de los 60 días naturales. Asimismo, ha reclamado que esta norma imperativa se haga extensiva al artículo 17 (“Pagos a los proveedores” de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista), “puesto que en la actualidad este artículo no fija ningún límite temporal para pactar un plazo de pago con los proveedores cuando los productos no son de alimentación ni de gran consumo”.