El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite el recurso para suspender la tasa que grava la actividad de los operadores postales en la Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por UNO para suspender la tasa que grava la actividad de los operadores postales en la ciudad de Barcelona. UNO considera que la norma aprobada por el ayuntamiento contraviene principios constitucionales básicos, razón fundamental recogida en el recurso que presentó la patronal para lograr la suspensión inmediata de esta medida.

El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso por la necesidad de estudiar en profundidad las alegaciones presentadas, aunque ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por los operadores, aludiendo al margen temporal del que se dispone (la tasa tiene de plazo para abonarse hasta el 31 de julio de 2024).

Francisco Aranda, presidente de UNO, explica: “Concretamente, este nuevo tributo vulnera el artículo 18.3 de la Constitución española, puesto que obliga a los operadores postales a reclamar información por parte de la empresa que hace un envío para saber si proviene de una venta por Internet y también a incluir en la liquidación del tributo información sensible como los lugares de entrega de los envíos o la naturaleza del destinatario, lo que impide garantizar el secreto de todas las comunicaciones postales a no ser que lo exija una resolución judicial”.

Por otro lado, la patronal alega que este tributo debe considerarse como una doble imposición al sumarse la nueva tasa a la ya existente por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública -aprobada por el ayuntamiento de Barcelona-, ya que se considera que ambas gravan el aprovechamiento del mismo dominio público.

A esto se suma la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, pues el tributo “se ha diseñado de un modo absolutamente arbitrario y discriminatorio, al excluir al operador público del gravamen en perjuicio de los demás, lo cual supone una injustificada alteración de las reglas de la libre competencia”, explican desde UNO.

“Este tributo resulta completamente injusto, no solo para las empresas de distribución, sino también para los propios usuarios postales que reciben los envíos en sus domicilios, ya que aquellos que opten por puntos de conveniencia o por Centros de Distribución Urbana de Mercancías (CDUM) no se verán afectados en manera alguna por la tasa”, sostiene Aranda. “Es importante recalcar, además, que no solo discrimina por el lugar de recepción del paquete, sino por el lugar de residencia del propio ciudadano, que pagará más por este servicio en caso de vivir en el centro de Barcelona”, ha añadido.

A las graves lesiones que causa la vulneración de los derechos fundamentales mencionados y los criterios discriminatorios de la tasa, también hay que sumar “que ponga en peligro el desarrollo digital de la Ciudad Condal, al considerar que el Consistorio hace una caracterización errónea del mundo digital asumiendo que supone una amenaza para el comercio tradicional, el medioambiente y el uso del dominio público”.

En este sentido, el presidente de UNO ha lamentado especialmente “la idea preconcebida del comercio electrónico como opuesto al comercio físico y la consideración de esta tasa como la herramienta perfecta para su reequilibrio, más teniendo en cuenta que, cada vez, un mayor número de pequeños comercios venden por internet. Y sus envíos también estarían afectados por esta nueva tasa””. Por el contrario, ha señalado que “este impuesto generará efectos indeseados como barreras de entrada para que los comercios físicos apuesten por la digitalización, dado el incremento de los costes y las cargas administrativas. Además, se podría trasladar el coste al consumidor final por los ajustados márgenes del comercio minorista; y una contracción de la demanda tal y como el propio Banco de España afirma que ocurre en períodos inflacionistas”, ha explicado Aranda.

A su juicio, “medidas como esta llegan en el momento más inoportuno, tal y como el propio Ayuntamiento de Barcelona estableció en su ‘Estrategia Municipal de Distribución Urbana de Mercancías 2030’, donde afirmaba que el debate respecto a una potencial tasa sobre el e-commerce debía posponerse al año 2030”. “Desde UNO lamentamos que el consistorio no haya cumplido este plazo temporal; y esperamos que el TSJC estudié en profundidad los argumentos ofrecidos por nuestra patronal para dejar sin vigor esta tasa que lastrará el devenir económico y social de Barcelona”, ha concluido Aranda.