El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible busca una movilidad limpia entendida como derecho social
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de marzo el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
Las medidas que incorpora este anteproyecto confluyen con muchos de los planteamientos de Global Mobility Call, con los que se quiere dar respuesta a los retos en movilidad y transporte, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la irrupción de nuevas tecnologías, y las tendencias demográficas, en un contexto de recuperación post pandemia con cambios en los hábitos de movilidad.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha expresado que el anteproyecto tiene entre sus objetivos promover la sostenibilidad en el transporte y la movilidad, la digitalización y la innovación en un sector tan esencial y fundamental para la vida cotidiana, pero también un sector que es clave para la economía.
Como ha indicado la ministra, esta ley supone un cambio radical de enfoque en las políticas de transporte, porque se reconoce, por primera vez, la movilidad como un derecho. Esto significa garantizar a cualquier ciudadano el acceso a un sistema de movilidad sostenible y justo, que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, favorecer la realización de sus actividades personales, empresariales y comerciales y atender las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación, y en particular, prestar especial atención a los supuestos de movilidad obligada.
La futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformasque el Gobierno español se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los hitos establecidos prevén su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023.
El anteproyecto implementa diversos principios y medidas presentes en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada el pasado 10 de diciembre, que requieren reformas jurídicas con rango de ley, y se da cumplimiento a diversas recomendaciones dadas por la AIReF y otros organismos internacionales.
Además, este nuevo marco contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo o la propia Estrategia de Movilidad europea.
Sánchez ha expuesto que la ley va a reducir las ineficiencias en el gasto en inversiones públicas, ayudando a incrementar la productividad de las empresas, y va a tener efectos muy positivos para la unidad del mercado, la competitividad y la competencia.
Para reforzar la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación a través de distintos instrumentos, tanto administrativos como tecnológicos y procedimentales.
Cooperación entre municipios colindantes
La nueva ley garantiza la contribución del Estado al sostenimiento del transporte urbano colectivo mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo y trata de avanzar en la transformación ‘de la ciudad de los coches’ a la ‘ciudad de las personas’.
Se instaura la obligación de que los planes de movilidad urbana sostenible contengan medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías, cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, medida largamente demandada por el sector para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.
Las ayudas, que cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros, podrán solicitarse en el plazo de un mes desde su publicación, debiendo tramitarse a través de la sede telemática del Ministerio de Transportes.
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