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España transpone la directiva sobre peajes para camiones

Peaje 9096
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los criterios para la determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de mercancías en autopistasen régimen concesión de la Red de Carreteras del Estado. Responde a la exigencia de incorporación al derecho español de la Directiva Europea 2011/76/UE, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras.


La nueva norma aprobada no supone la introducción de ningún tipo de tasa ni nuevo peaje por la utilización de la Red de Carreteras del Estado, por lo que no tendrá ningún tipo de efecto negativo para los ciudadanos, los usuarios de la carretera y los transportistas.


El Real Decreto tiene como fin adaptar a las últimas directrices comunitarias los criterios de definición de los peajes a aplicar a los vehículos pesados para el transporte de mercancías, en autopistas estatales en régimen de concesión, lo que hace del siguiente modo:


*Mantiene el ámbito de aplicación a aquellos peajes cobrados a vehículos pesados destinados al transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada en las autopistas de peaje de la Red de Carreteras del Estado.


*Actualiza los criterios que han de utilizarse para el cálculo de estos peajes.


*Fija los nuevos requisitos para la aplicación de descuentos y modulaciones.


*Establece las condiciones de aplicación y cobro, de forma que sean trasparentes y no discriminatorias.


*Regula las comunicaciones que deben efectuarse a la Comisión Europea.


La aprobación del Real Decreto no supone la revisión de los contratos de concesión de autopistas existentes, ya que los criterios para la determinación de los peajes no son exigibles para aquellas
concesiones que ya se encuentren en funcionamiento.


CETM
por su parte, CETM ha emitido un comunicado en el que ratifica públicamente su postura en contra de la aplicación de cualquier tarificación por el uso de infraestructuras, “pues comportaría efectos perjudiciales inmediatos tanto para el sector del transporte en particular como para la competitividad de toda la economía española en particular, al encarecer el precio de todos los los productos innecesariamente, lastrando el consumo, factor clave para salir de la crisis, y dificultar las exportaciones como consecuencia de que la inmensa mayoría de las mismas se realizan por carretera y en un camión”.


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