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El Plan de Inspección del Transporte priorizará el control de las empresas deslocalizadas

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El Plan Nacional de Inspección para el sector del transporte por carretera para el año 2018 establece como uno de los objetivos prioritarios de la inspección de transportes por carretera el control del dumping social (empresas buzón), como consecuencia del proceso de deslocalización de grandes empresas de transporte hacia los países principalmente del Este de Europa. Se da cumplimiento así a la Directiva europea 22/2006 sobre la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera, que obliga a los Estados miembros a realizar controles dirigidos a las empresas clasificadas como de mayor riesgo. Dicha actuación inspectora ya se ha venido desarrollando desde el año 2016, en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, si bien se intensificará en 2018, controlando tanto en carretera como a las empresas cargadoras.


Fenadismer considera que “los preocupantes datos sobre presencia de las empresas radicadas en los países del Este de Europa en el transporte tanto nacional como internacional español, suponen el mayor índice de competencia desleal que el transporte español ha sufrido en su historia, lo que justifica la necesidad de un control prioritario y exhaustivo de estas empresas extranjeras que operan en España, para lo que se debe implicar no sólo a los servicios de inspección de transporte del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas, sino que debe llevar a cabo dicha labor de control en colaboración con los servicios de inspección del Ministerio de Empleo así como con las Consejerías de Empleo de las Comunidades Autónomas, por cuanto dichas Administraciones laborales ostentan la competencia sobre la comunicación de desplazamiento a España de los conductores pertenecientes a empresas de transporte extranjeros”.


Otras actuaciones de control incluidas en el Plan incluyen una especial atención a las operaciones que tengan su origen o destino en grandes centros generadores o destinatarios de cargas, como son las plataformas logísticas y las zonas de carga de los puertos marítimos, donde se concentran los mayores volúmenes de carga y descarga de mercancías. También se hará un especial control sobre las áreas de negocio de economía colaborativa on-line, en especial en lo referido a plataformas de paquetería que, en vehículos diversos, intermedian habitualmente sin estar autorizadas.


Lo mismo sucederá con los intermediarios de servicios de transporteque no estén amparados en la correspondiente autorización. Se hará especial incidencia en los tráficos de corto recorrido, en especial en transporte de obras y en transporte ligero, donde se dan mayores bolsas de fraude.


Igualmente, se controlarán los tiempos de conducción y descanso sobre la flota de 427.528 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo en España. Dado que la Directiva europea 2006/22 impone a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo, en el caso de las autoridades de inspección españolas deberán revisarse al menos 2.885.814 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera. El periodo a controlar en cada inspección que se haga a las empresas transportistas será por regla general de 45 días.


Se intensificarán los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera. En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros. Conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportistas sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros. En este ámbito, se han detectado fraudes en la obtención de duplicados de tarjetas en Portugal por parte de conductores tanto españoles como portugueses, aprovechando que Portugal no está conectado al sistema de control europeo de tarjetas de tacógrafo radionet. Al respecto, los Ministerios de Transporte español y portugués han firmado recientemente un protocolo para controlar estas prácticas fraudulentas.


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