El PP rechaza que se sancionen los retrasos en los pagos a los proveedores
El PP rechazó el pasado martes, 13 de mayo, en el pleno del Congreso de los Diputados, la proposición de ley de Convergencia i Unió para introducir un cuadro de sanciones en la Ley de Morosidad que penalice el incumplimiento de los lazos de pago a proveedores.
Tal y como informa Guitrans, en la Cámara baja se debatía la proposición de ley de modificación de la actual legislación de lucha contra la morosidad, en la que se establece un nuevo régimen sancionador dirigido tanto a las empresas como a las entidades públicas que incumplan los plazos máximos de pagos legalmente establecidos. El Partido Popular usó su mayoría absoluta para rechazar la imposición de sanciones a aquellos que no paguen a tiempo.
CiU planteó incorporar a la Ley de Morosidad un título adicional para regular de forma expresa las infracciones y las sanciones por el incumplimiento de las condiciones y plazos de pago a proveedores. El texto que se debatió el martes divide las infracciones en leves (castigadas con hasta 6000 euros), graves (entre 6000 a 30.000) y muy graves (30.001 a 900.000 euros).
Aunque el 54% de los municipios reconoce que la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) es una prioridad para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus ciudades, solo un 23% ha implementado medidas concretas para optimizarla, evidenciando las dificultades que enfrentan las administraciones locales para transformar la logística urbana en sus localidades.
Este impulso inversor se enmarca en los compromisos alcanzados con la Comisión Europea para la red transeuropea de transportes y de sus nueve corredores prioritarios.
La inclusión en este listado supone un reconocimiento al esfuerzo de la compañía por integrar prácticas sostenibles en toda su cadena de valor. La compañía destaca dentro del sector del transporte y la logística.
La nueva instalación procesa más de 50.000 pedidos y 150.000 líneas de pedido al día, pudiendo escalar hasta los 70.000 pedidos diarios.
Se dirige a sectores como el transporte, en los que se puede acumular suciedad, grasa y residuos, lo que supone riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, el deterioro prematuro de la maquinaria y el incumplimiento de normativas.
Un total de 26 compañías y asociaciones impulsan esta iniciativa europea para probar la disponibilidad y la capacidad de reducción de emisiones de los combustibles renovables.
Con autonomía necesaria para cubrir las rutas diarias de reparto. No requieren carnet de conducir, lo que simplifica la operativa para los equipos de última milla, y están habilitados para circular por carriles bici.
Lo hace a través de sus empresas REDSla y Centrum, con sedes operativas en Cabanillas del Campo (Guadalajara), Las Palmas y Tenerife, ambas suman actualmente más de 25.000 m² de instalaciones logísticas y un equipo de más de un centenar de profesionales.
La concesión a Terminal Portuaria Logística de Motril se otorga por un plazo de 35 años con posibilidad de prórroga de 15 años más, lleva asociada una serie de tráficos que irán incrementándose hasta alcanzar un mínimo de 100.000 t a partir del séptimo año.
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