El Gobierno legislará para atajar la deslocalización empresarial y el «dumping»
El Gobierno quiere acabar con el dumping. El Ministerio de Empleo ha anunciado que quiere aprobar una ley para garantizar que los trabajadores de las empresas de otros países que operen en España cumplan con la legislación españolaen materia laboral.
Esta regulación normativa, tal y como informan desde Fenadismer, obligará a aquellas empresas extranjeras «de cualquier sector de actividad» (incluido el transporte por carretera, por supuesto) «a cumplir las exigencias laborales y sociales establecidas en la legislación española». Asimismo, establecerá un régimen sancionador para las compañías «que no declaren previamente a las autoridades laborales competentes cualquier servicio que vayan a realizar en España».
Desde la federación ya han mostrado su «enorme satisfacción» por este anuncio, y recuerdan que «vienen reclamando de forma insistente» la necesidad de una regulación que permita controlar «la competencia desleal» del transporte de mercancías por carretera en España, «basada en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la UE con menos costes de explotación de la actividad».
Fuentes de Fenadismer denuncian que las pymes son las más afectadas por esta situación, ya que acusan la «actuación insolidaria» y «poco patriótica» de algunas grandes empresas que «están deslocalizando en los países del este de Europa» y «despidiendo a sus trabajadores en España», con el único objetivo de «aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales» y, de este modo, «poder competir en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español».
Debate en el Parlamento Europeo
En este sentido, el Parlamento Europeo debatió este miércoles, conjuntamente con la Comisión Europea, las condiciones laborales aplicables al sector del transporte por carretera (incluido el salario mínimo). Asimismo, durante dicho debate se analizó si la pretensión alemana de exigir el salario mínimo vigente en ese país a los conductores procedentes de terceros países que operen en Alemania se ajusta a la legalidad comunitaria.
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