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Competencia multa a Repsol y a varias de sus estaciones por coordinación de precios

Repsol 16958
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 22,8 millones de euros a Repsol y a varias estaciones de su red por coordinación de precios.


El expediente ahora resuelto (Expediente S/484/13) tuvo su origen en una investigación iniciada en mayo de 2013 a raíz de los informes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía sobre el alineamiento de los precios de venta al público de combustibles en estaciones de servicio.


Tras inspecciones en las sedes de varios operadores petrolíferos, se incoó el expediente (S/484/13), resuelto ahora, contra Repsol, Compañía Española de Petróleos, BP España, Lence Torres, Complejo San Cristóbal, Cerro de la Cabaña, Estación de Servicio Macar y Estación de Servicio Lorquí «por coordinación en materia de precios entre cada uno de estos operadores de productos petrolíferos y los empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción».


Tras la instrucción del expediente, la CNMC «considera acreditado» que Repsol, Lence Torres, Complejo San Cristóbal, Estación de Servicio Lorquí y Cerro de la Cabaña «infringieron los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del TFUE».


Desde Competencia consideran probado el acuerdo alcanzado en abril de 2013 entre Repsol y las empresas Lence Torres y Complejo San Cristobal para «coordinar los precios de venta al público en sus estaciones de servicio en el entorno de Lugo». Según la CNMC, «se perseguía igualar los precios de venta al público de combustible en todas las estaciones de servicio dependientes de ambos grupos ubicadas dicha zona».


En el caso del acuerdo entre Repsol y Estación de Servicio Lorqui (en Murcia), según fuentes de Competencia, Repsol se comprometió en diciembre de 2012 a no aplicar en la Estación de Servicio de Espinardo (Murcia) descuentos superiores a 3 céntimos/litro, a cambio de conseguir finalizar con éxito sus negociaciones con el Grupo Aranguren en Madrid.


Por su parte, Repsol y Cerro de la Cabaña (Madrid) «intercambiaron información estratégica relativa a los precios de venta al público con el objeto de eliminar la incertidumbre de precios en dicha estación de servicio y así permitir a Repsol finalizar la guerra de precios iniciada el año anterior en dicho entorno, eliminando progresivamente la rebaja que venía aplicando sobre sus precios».


Como consecuencia de tales conductas, «consideradas como muy graves por la Ley de Defensa de la Competencia», la CNMC ha impuesto las siguientes multas:


  • Repsol: 22,59 millones de euros.
  • Lence Torres y Complejo San Cristobal: 113.801 euros.
  • Estación de Servicio Lorqui: 28.074 euros.
  • Cerro de la Cabaña: 148.763 euros.

La CNMC recuerda que estas conductas han tenido lugar en el mercado de distribución mayorista y minorista de carburantes de automoción en España y que Repsol es la empresa líder en el mercado nacional de distribución minorista de combustibles de automoción a través de estaciones de servicio.


En este sentido, desde el organismo se subraya que «casi dos tercios de los puntos de venta de su red tiene un vínculo fuerte y casi el tercio restante son de gestión propia». Por ello, «las prácticas acreditadas revisten de una especial gravedad, ya que cualquier acuerdo o intercambio de información entre rivales para no competir a la baja en precios supone una grave restricción a la competencia, que es particularmente nociva para el consumidor».


Sanciones «insuficientes»
Por su parte, Fenadismer, como parte personada en el conflicto, ha emitido un comunicado en el que expresa su desacuerdo con el dictamen de Competencia. La federación considera que las multas impuestas son «insuficientes» y «no ejemplarizantes» para disuadir de continuar en dichas prácticas, «ya que las multas impuestas son irrelevantes en comparación con el importe de la facturación anual de su volumen de negocio».


En este sentido, recuerda «las sucesivas sanciones que a lo largo de estos últimos años han ido acumulando Repsol y otras grandes empresas petrolíferas que operan en nuestro país», que «evidencian que la finalidad disuasoria de dichas multas no produce sus efectos en la eliminación de las distorsiones reales de la competencia que se producen en el mercado de los carburantes en España».


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