Guipúzcoa reitera su «competencia plena» para implantar peajes en sus carreteras

La diputada de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide, ha reiterado al CNTC «su firme voluntad» de implantar los peajes en las carreteras N-1 y A-15, una vez sea aprobada la norma foral que se tramita en las Juntas Generales Guipuzcoanas. Oiarbide rechaza aceptar «coacciones ni amenazas» y considera que la Diputación Foral «tiene la competencia plena en materia de infraestructuras viarias, incluida la de implantar gravámenes, cánones o peajes en nuestras carreteras».

Como se recordará, a finales del pasado mes de septiembre, las asociaciones que componen el CNTC, tal y como informan desde Fenadismer, acordaron transmitir el rechazo unánime del sector a la pretensión de la Diputación Foral de Guipúzcoa de establecer peajes a la circulación de los camiones de más de 3,5 toneladas de MMA en las carreteras guipuzcoanas a partir de 2018, por considerarlo «una agresión» para el sector del transporte por carretera.

Entre las principales razones que esgrime en su escrito la diputada foral para imponer los peajes está la de «afrontar las ingentes inversiones en nuestras vías y en su mantenimiento que nos vemos obligados a acometer por nuestra situación geográfica de paso obligado desde Europa y financiarlos exclusivamente con los impuestos de los guipuzcoanos».

En este sentido, desde Fenadismer recuerdan que las carreteras guipuzcoanas son utilizadas «de forma importante» por los transportistas españoles en su tránsito hacia Europa, y calculan en más de 7000 los camiones diarios que transitan por ellas, «por lo que la implantación de dicha medida afectaría de forma muy negativa a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea», apuntan.

Por ello, Fenadismer no comparte «en absoluto» la pretendida competencia ilimitada de la Diputación Foral de Guipúzcoa en materia de carreteras, «ya que el establecimiento unilateral de dicha medida podría vulnerar la normativa estatal sobre traspaso de competencias del Estado al País Vasco en materia de carreteras», al establecerse «la obligatoriedad de que las Administraciones forales adopten los mismos objetivos que los establecidos por el Estado para dichas carreteras».

Asimismo, Fenadismer también rechaza que las carreteras guipuzcoanas se financien exclusivamente por los ciudadanos residentes en dicha provincia, ya que la Diputación Foral recauda «ingentes cantidades vía tributos procedentes del impuesto de hidrocarburos de los más de 7000 camiones españoles y del resto de Europa que diariamente circulan por dichas vías, lo que le permite a la Hacienda Foral guipuzcoana recaudar en torno a 300 millones de euros anuales», según fuentes de la federación.