El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, coincide con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en que «no puede haber una Ley de Morosidad sin un código de sanción». Rivera mantuvo una reunión en el Congreso con el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en la que ambos señalaron la necesidad de continuar la tramitación «para que sea ya una realidad».
Al término del encuentro, Cañete comentó que la formación de Albert Rivera se había mostrado «muy colaboradora» y había manifestado su compromiso de hacer avanzar temas como «la instauración de un régimen sancionador que penalice a las empresas morosas», que figura en uno de los 150 acuerdos de Gobierno con el PP, «la agilización de la recuperación del IVA no cobrado» y «la modificación de la ley de contratación pública», actualmente en trámite parlamentario.
En este sentido, el presidente de la PMcM quiere que se tenga cerrado ya un acuerdo al respecto para el 20 de abril, día en el que la PMcM celebrará en CaixaForum Madrid su IV Cumbre Político-Empresarial. «Albert Rivera ha confirmado su participación y esperamos contar con la más alta representación por parte del Gobierno y también con el resto de grupos políticos al completo, puesto que todos ellos incluyeron la propuesta del régimen sancionador en sus últimos programas electorales», confesó Antoni Cañete.
El régimen sancionador es una de las medidas históricas de la PMcM sobre la que Ciudadanos ha mostrado su apoyo. La formación también ha respaldado las enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público que la PMcM presentó con PIMEC y CEAC, referidas tanto a la comprobación obligatoria por parte de la Administración de los plazos de pago de los contratistas a los subcontratistas como a la eliminación de la posibilidad de pactar plazos de pago superiores a los legales en función del medio de pago.
En cuanto al plazo máximo de aprobación de certificaciones, Ciudadanos lo fija en 45 días frente a los 30 de PMcM. Y en lo referente a lo que plantea la PMcM sobre eliminar el ejercicio de la acción directa de los subcontratistas frente a la Administración, Ciudadanos propone permitir la acción directa si se establece la posibilidad en los pliegos de licitación.
Según un estudio de Packlink, el 32,7% de los encuestados desea que este avance tecnológico agilice la gestión de devoluciones y un 29,6% quiere que se use para facilitar los pagos seguros y cómodos.
Destaca el descenso en el transporte internacional (-19,3%), los datos son levemente positivos en el transporte nacional de corta distancia (+1,5%), y en transporte nacional de larga distancia (+0,7%)
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