La Asociación Internacional del Transporte por Carretera (Astic) ha emitido un comunicado para desmentir que «las patronales del transporte» pretendan «que los conductores paguen las multas del tacógrafo», tal y como denunció CC.OO. Desde la asociación tachan la nota del sindicato de «claramente errónea», pero sí defienden que el conductor, en «determinados casos y para determinadas infracciones» en los que se demuestre que ha sido «convenientemente formado» y «que actúa en contra de una instrucción expresa del empleador», sea quien asuma «las consecuencias del incumplimiento».
Tal y como recogió Logística Profesional en el boletín del pasado jueves, 17 de enero, el Sector de Carretera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. denunció que «las patronales del transporte por carretera, por decisión del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC, formado exclusivamente por empresarios), insisten en que determinadas sanciones por infracciones sobre tiempos de conducción y descanso y uso del tacógrafo sean trasladadas a los conductores» por estimar que son «negligencias» de los mismos.
Desde la Asociación Internacional del Transporte por Carretera subrayan que ni ellos ni «ninguna asociación patronal, que sepamos, ha pretendido nunca que la responsabilidad general por las infracciones de tacógrafo o de tiempos de conducción y descanso se atribuya automáticamente a los conductores». Aún así, apuntan que, sobre todo en los transportes internacionales, los conductores actúan «con un elevado grado de independencia y [...] lejos del ámbito de control del empleador», por lo que «permitirles una absoluta impunidad sobre las infracciones que cometen contribuye a privar a la norma de su efectividad disuasoria».
Asimismo, apuntan que el incumplimiento de las normas perjudica, primero, a «la seguridad de los conductores», pero también a «la de los otros usuarios de la carretera». Desde la asociación que preside Marcos Basante señalan que «la inmunidad absoluta de los conductores» permite, «en determinadas ocasiones», cometer esas infracciones «con la única intención de perjudicar» a la empresa, en caso de haber «enfrentamientos» internos.
Consideran que esta práctica no está «absolutamente generalizada», pero sí es «lo suficientemente grave para poner en peligro, además de la seguridad en carretera y de los conductores, las relaciones internas de la empresa y, en ocasiones, la propia viabilidad de una empresa con conductores asalariados».
Por último, aclaran que «en ningún caso [Astic] defiende a las empresas que voluntariamente imponen a sus conductores el incumplimiento de la normativa, ni pretende eximirlas de sanción», pero consideran también que «los sindicatos tampoco deberían hacerlo con respecto a los trabajadores que hacen lo mismo, incumpliendo órdenes expresas de la empresa, ya sea por volver antes a casa o con la intención de producirle problemas. Ambas actuaciones —concluye— deben ser tratadas con el máximo rigor».
Entre las principales causas que motivan el auge se encuentran la necesaria transformación hacia la sostenibilidad del packaging, la automatización y digitalización de la industria, la recuperación económica pospandémica de los diferentes sectores productivos, y el imparable crecimiento del comercio electrónico que lleva asociado nuevas necesidades de packaging y logística.
Comentarios