El Plan Nacional de Inspección para el sector del transporte por carretera tendrá por objetivo prioritario el «dumping social»

El Plan Nacional de Inspección para el sector del transporte por carretera para el año que viene tendrá como uno de sus objetivos prioritarios el control del dumping social, «como consecuencia del proceso de deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia los países principalmente del este de Europa».

El plan se presentó este miércoles en Madrid, en la sede del Ministerio de Fomento, en una presentación a las asociaciones nacionales de transportistas realizada por la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, acompañada de los responsables de inspección de las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

Tal y como informan desde Fenadismer, el Plan Nacional de Inspección considera que la actual situación del sector del transporte, como consecuencia del descenso de la actividad económica originada por la crisis, «ha generado una mayor economía sumergida y competencia desleal, que hacen necesario reforzar las medidas de control y erradicar dichas conductas anómalas».

Otras actuaciones de control incluidas, además del mencionado control al dumping, y que van a llevarse a cabo el próximo año, son las siguientes:

• Se llevará a cabo un control sobre la realización de servicios de transporte público, así como el ofertar como intermediarios servicios de transporte en diferentes medios, en ambos casos sin estar amparados en la correspondiente autorización
• Se continuará controlando la utilización inadecuada de los tractores agrícolas para la realización de transporte público de forma irregular, «que representa una competencia desleal para el transporte por carretera», según subrayan desde Fenadismer.
• Se llevará a cabo el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota de 417.542 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo. Dado que la Directiva europea 2006/22 impone a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo, en el caso de las autoridades de inspección españolas deberán revisar al menos 2.818.409 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera.
• Se hará un especial control sobre el posible uso fraudulento que se está llevando a cabo en la utilización del certificado de actividades por parte de algunas empresas transportistas.
• Se intensificarán los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera. En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros. Conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportistas sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros.
• Con objeto de aumentar la eficacia inspectora de los posibles excesos de peso, se llevarán a cabo dos controles de larga duración con la participación de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas.
• Se intensificará el control del transporte realizado por vehículos de menos de 3,5 toneladas procedentes de terceros países, al detectarse un aumento considerable de irregularidades en este tipo de vehículos.
• Se aumentará la inspección de los cursos de formación CAP, sobre todo en los de formación continua ante las posibles irregularidades que se están dando.