Para evitar los despidos masivos y lograr que esta situación sea coyuntural

UNO pide al Gobierno que el sector pueda acogerse a ERTEs

Francisco Aranda
Francisco Aranda, presidente de UNO.
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La Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que las empresas del sector logístico puedan acogerse con total claridad a ERTE ́s por causas de fuerza mayor. El objetivo que persiguen es tener la seguridad jurídica de que no se verán obligados en ningún caso a tener que abonar las cotizaciones sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social y disponer así de mayor liquidez para mantener empleos. 


La patronal de los operadores de logística y transporte sostiene que la actividad del sector ha caído prácticamente a la mitad, habiendo empresas que han llegado a parar al no contar con ningún cliente perteneciente a la alimentación o la farmacia. La patronal indica que “sería absurdo que empresas que están trabajando con muy poca actividad, no puedan beneficiarse de una medida interesante de ayuda diseñada por el Gobierno, por estar apoyando el abastecimiento de los ciudadanos, centros de salud o farmacias. Es evidente que se están produciendo suspensiones en la actividad de la cadena de suministro cuya causa directa es el COVID-19 y la declaración del estado de alarma, por lo tanto, es razonable que todas nuestras empresas puedan acogerse a esta medida extraordinaria implementada en el Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Estamos en una situación de emergencia tanto sanitaria como empresarial y, por lo tanto, las empresas, también necesitamos medidas igualmente extraordinarias”.


La organización que representa a los operadores de logística y transporte indica que el gran descenso de la demanda que están experimentando no se debe a causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, que son las causas ordinarias que prevé el Estatuto de los Trabajadores, sino que se debe a la causa extraordinaria y temporal del COVID-19. Es decir, alegan que no sea necesario tener que cerrar al completo la empresa para poderse acoger a esta medida y dotar a las empresas de seguridad jurídica en este momento de crisis sin precedentes.


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