Además de la denuncia junto con el resto de organizaciones del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ante la Dirección General de La Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado por los continuos cortes de carretera ocurridos en la Comunidad Autónoma de Cataluña desde el pasado 14 de octubre, tras la publicación de la sentencia del Procés, CETM pretende ir un paso más allá y asegura que “estamos trabajando en la posible presentación de una reclamación patrimonial contra la Generalitat de Cataluña y el Estado por omisión de sus funciones en la preservación de la libre circulación de vehículos y mercancías, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Española, por un importe que estaría cerca de los 150 millones de euros”.
Afirman además que “nuestro objetivo es que todas las empresas de transporte que se han visto perjudicada por el corte sistemático de las carreteras catalanas, especialmente de la AP-7 que es nuestra principal conexión con la Unión Europea, puedan reclamar las indemnizaciones correspondientes por las millonarias pérdidas sufridas”.
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