Ante la inoperancia de la UE, los Estados establecen unilateralmente normas para garantizar la continuidad del transporte por carretera, estableciendo moratorias de la validez de documentos y autorizaciones, aseguran desde Fenadismer.
Empresas y sindicatos coinciden en la necesidad de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, para acabar con la falta de conductores pero los representantes empresariales apelan a la falta de rentabilidad.
Los plazos de pago en enero se sitúan en 79 días de media, incumpliendo la Ley de morosidad un 65% de los clientes de los transportistas.