Fenadismer reclama una sede común para la notificación electrónica de expedientes sancionadores
La tramitación electrónica de los expedientes sancionadores que desde principios de año utilizan tanto Fomento como las comunidades autónomas en sustitución de la carta postal certificada está provocando «desconcierto» y «preocupación» en el sector, ya que obliga a los transportistas a acceder a «multitud de sedes electrónicas».
Según explican desde Fenadismer, con la entrada en vigor de las nuevas Leyes de Ordenación de Transporte Terrestre y la de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, tanto Fomento como las Consejerías de Transporte («e incluso en algunos casos hasta las propias Diputaciones provinciales forales o los cabildos») están utilizando sus propios servicios de notificación electrónica, lo que obliga a los transportistas a acceder a multitud de sedes electrónicas para poder consultar el contenido de los expedientes sancionadores, «con el consiguiente desconcierto y preocupación», ya que la falta de respuesta a un requerimiento de inspección es sancionado por obstrucción a la labor inspectora como infracción muy grave, con multa de hasta 4001 euros.
Para la federación, se trata de una situación «caótica» y de «gran preocupación» que genera «una importante indefensión e inseguridad jurídica» al colectivo de transportistas y que incumple uno de los principales objetivos perseguido por la Ley de Procedimiento Administrativo: «Garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio».
Por ello, Fenadismer va a exigir que, con ocasión de la tramitación del nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, todas las Administraciones públicas competentes en materia de transporte estén obligadas a usar «una sede común de notificación electrónica de expedientes sancionadores, sin perjuicio de que adicionalmente también puedan utilizar su sistema de notificación autónoma».
La escasez de personal cualificado y de materias primas, y la falta de incentivos conducirán probablemente a un aumento de las inversiones a corto plazo fuera del mercado nacional, principalmente a través del nearshoring y friendshoring.
En línea con la estrategia de sostenibilidad del grupo, el plan es aumentar la proporción de vehículos eléctricos en la flota de reparto al 60% y la de combustibles sostenibles dentro del Grupo DHL a más del 30%.
Con su presencia en 1 de cada 3 establecimientos de hostelería en España, Pascual se consolida como el distribuidor del 30% de los locales del país.
Se estima que la instalación fotovoltaica brindará a Cronofrio una solución eficaz para mitigar los elevados costes eléctricos asociados a su actividad de logística en temperatura controlada en el sector alimentario.
Manhattan Active TM está diseñado para gestionar cada función de transporte, en cualquier modo o tamaño de red, y aprovecha la inteligencia avanzada para resolver incluso los desafíos de transporte más grandes y complejos
La compañía favorece, a través de su plataforma basada en la nube, el contacto directo entre los Carmovers y los clientes de la industria automotriz, transformando así el proceso de transferencia de vehículos y haciéndolo más eficiente.
El activo contará con un almacén de 32.000 m2 y unas oficinas de 1.250 m2. La nave tendrá una altura libre de 11,5 metros, iluminación LED y una instalación fotovoltaica con una potencia de 310 KW.
Ubicada en la frontera con Francia, esta área de servicio está operativa las 24 horas y los 365 días del año, cuenta con parking seguro para camiones y el aval de ESPORG, además incorpora instalaciones básicas como cafetería, duchas o supermercado.
Webfleet ayuda a las compañías a electrificar sus flotas con su nueva herramienta EV Transition Tool
Aprovechando los datos de su propia flota, los clientes pueden evaluar si están preparados para la electrificación, calcular el coste total de propiedad (TCO) de la electrificación, el coste operativo y el ahorro de CO2.
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