Las indemnizaciones en Murcia por el cártel de camiones ascenderían a 40 millones
Las indemnizaciones a los afectados por el cártel de fabricantes de camiones en la Región de Murcia podrían alcanzar los 40 millones de euros, según las periciales practicadas por el gabinete jurídico CCS Abogados, que lleva las denuncias de 320 transportistas murcianos perjudicados, quienes adquirieron unos 2.600 vehículos a un precio inflado artificialmente entre los años 1997 y 2011.
Precisamente, la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet), en colaboración con el despacho profesional Caamaño, Concheiro y Seoane (CCS) Abogados, organizó una jornada sobre el estado de las reclamaciones al cártel de fabricantes de camiones. El catedrático de Derecho Financiero y socio-director de CCS Abogados, Miguel Caamaño, explicó que, a finales de este mes, comenzará en Zaragoza el primero de estos juicios.
En el conjunto del país, los afectados que han depositado su confianza en CCS Abogados compraron unos 100.000 vehículos durante los 16 años en los que actuó el cártel de fabricantes de camiones. El procedimiento legal de reclamaciones se inició tras las sanciones impuestas por la Comisión Europea al grupo de fabricantes de camiones por organizarse en un cártel y cobrar sobreprecios ilegales a sus clientes, alterando la libre competencia en el mercado europeo.
Hay que recordar que el sobrecoste medio, calculado por CCS, que soportaron por los transportistas que adquirieron un vehículo nuevo entre 1997 y 2011 asciende al 16% del precio final. El cártel fue constituido por los fabricantes MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz, Scania y DAF, que se pusieron de acuerdo para elevar los precios de los camiones de más de seis toneladas que vendían, además de trasladar a los compradores el coste de adaptarlos a las normativas medioambientales.
El sector del frío en Europa presenta sus demandas a los europarlamentarios ante la próxima convocatoria electoral, reclaman que las empresas deben ser consultadas cuando se prevean cambios en las políticas europeas; deben recibir apoyo e incentivos para estimular la inversión y los plazos de implementación de las medidas deben ser realistas.
Son seis proyectos empresariales con participación española y de otros países de la UE que han recibido un total de 102 millones de euros para incrementar las estaciones de recarga y repostaje de combustibles alternativos de bajas emisiones.
Esta iniciativa de capital español surge tras un estudio de las condiciones del segmento de tráficos y de las demandas de los operadores, y tiene como objetivo proporcionar más rentabilidad a las empresas transportistas.
Esta ampliación de la flota de furgonetas eléctricas, junto con el rediseño de rutas, la optimización de entregas y otras iniciativas de reparto de envíos urgentes con cero emisiones, le permitirán reducir un 5% las emisiones de CO2 este año en España.
Se utilizarán materiales de alta calidad y contará con espacios verdes, áreas de descanso, estacionamiento y medidas de seguridad las 24 horas, tanto en el perímetro interior como exterior.
Dispone de productos que ofrecen unos altos resultados a sus clientes que cuentan con un equipamiento de vanguardia y con unas características novedosas que les permiten impulsar la eficiencia que necesita el proceso logístico.
Cuenta con más de 1.700 estaciones de servicio en su red internacional, presente en 11 países de Europa. En 2020 abrió sus primeras estaciones en Polonia y el año pasado, incorporó Rumanía a su red.
Los requisitos se han endurecido, mientras que en la anterior convocatoria bastaba con obtener un resultado global por encima del 70%, ahora es imprescindible superar unos umbrales mínimos en cada una de las áreas analizadas.
Destaca Sant Boi DC7, un proyecto de gran peso con el que refleja su apuesta por la reconversión de espacios en una zona donde la disponibilidad de suelo logístico es prácticamente nula.
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