El Gremio de Transportes y Logística de Cataluña reclama "un espacio libre de intrusismo"

La aparición de la Ley Macron en Francia ha originado un efecto dominó que se ha extendido a otros países de Europa, según explica el Gremio de Transportes y Logística de Cataluña. Esta Ley regula el salario mínimo que un transportista debe percibir si se desplaza a Francia desde cualquier país de la Unión Europea y afecta a todas las empresas de transportes que se encuentren dentro de la Unión Europa, incluido el Estado Español, que realicen transporte internacional con Francia, tanto origen como destino. Los transportistas autónomos, sin embargo, no se ven afectados por la implantación de esta Ley y tan sólo tienen que demostrar su condición de autónomos ante los agentes de control.

Para evitar la competencia desleal entre las empresas de transporte, Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria, la República Checa y Bélgica son algunos de los países que han copiado el modelo de la Ley Macron, surgiendo de este modo diferentes normativas que crean nuevas obligaciones legales y documentación a gestionar en cada uno de estos países.

Por lo tanto, según el país de la Unión Europea por el que se circule se deberán adoptar unos requisitos legales u otros dependiendo de la normativa del país en cuestión. En algunos casos, además será necesario disponer de un representante legal en el país por el que se desplace.

Todo apunta que cada vez serán más los países que adopten este nuevo modelo. Por este motivo, el Gremio ha manifestado al ministro Ábalos las inquietudes del sector al respecto, considerando que "la entrada en vigor de estas normativas obliga a hacer una reflexión para el transporte nacional y a emplazar al gobierno central a crear las condiciones para que los derechos de las empresas de transporte estatales sean mejor respetados y evitar así que el transporte de mercancías en el Estado Español no se precarice como consecuencia de la competencia desleal de los operadores de transporte con políticas salariales por debajo de los salarios mínimos establecidos".

Una medida de este tipo también reduciría el impacto de las conocidas coloquialmente como “empresas buzón”, aquellas compañías extranjeras que trasladan al Estado Español a sus trabajadores pagando menos cotizaciones e impuestos.